España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y, por tanto, forma parte de su derecho interno. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de velar por el cumplimiento de dicho pacto, observa con procupación a España ya que ésta ignora sus decisiones y no cumple con sus dictámenes.
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