EFE/APDHE
Activistas de seis organizaciones no gubernamentales de derechos humanos demandaron el pasado martes al Congreso de Guatemala la aprobación de leyes que garanticen la justicia para las 24.000 personas que han sido asesinadas desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 en el país centroamericano.
Durante un plantón frente al Parlamento, donde levantaron una especie de altar con piñatas que simulaban la muerte y lápidas, la activista Claudia Samayoa reclamó a los diputados leyes que garanticen la seguridad y la justicia a la población.
"Este altar conmemora a las 24.000 personas que han sido asesinadas desde 1996", enfatizó la dirigente de la Unidad de Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). Samayoa explicó que el plantón frente a la puerta principal de ingreso al Congreso, que duró pocos minutos, se organizó con motivo del Día de Difuntos que se conmemoró el pasado martes en Guatemala.
Más de 6.000 asesinatos
Por su parte, Jorge Santos, del Centro de Investigación Internacional de Derechos Humanos (Ciidh), denunció que los diputados y partidos políticos no le están ofreciendo nada a la juventud y a la niñez. "Los partidos lo único que ofrecen a los jóvenes es la cárcel al ser estigmatizados como pandilleros o un panteón a partir de la pena de muerte", manifestó.
Santos recordó que el 2009 cerró en Guatemala con más de 6.000 personas asesinadas de forma violenta y el Congreso "lo único que hace bien es el show político al restituir el indulto presidencial".
Exigencias al Gobierno
A principios de octubre pasado, el Parlamento aprobó una ley que restituye el indulto, lo cual da luz verde a la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, pero la normativa todavía tiene que ser ratificada o vetada por el jefe de Estado, Álvaro Colom. El dirigente ha anunciado que vetará esa ley porque contraviene los principios fundamentales del respeto a los derechos humanos.
Los partidos políticos, como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en el poder, y los opositores Partido Patriota (PP), Libertad Democrática (Líder) y Frente Republicano Guatemalteco (FRG), entre otros, deben preocuparse en legislar por la seguridad y la justicia, apuntó.
Los activistas reclamaron al Congreso la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio para que los recursos y bienes que se confisquen al crimen organizado sean utilizados para proteger a la población. También que se apruebe una ley para la creación de una policía de investigación criminal, una normativa que favorezca a la juventud y otra de desarrollo rural que beneficie a los indígenas y campesinos.
Marcha contra la violencia y la impunidad
Por su parte, el Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y de los Recursos Naturales se manifestará el próximo viernes, 5 de noviembre, a las 20.00 horas para exigir el cese de la violencia y la celeridad en la aprobación de las leyes de justicia y seguridad.
Otro de los objetivos de la marcha es exigir la actuación del Congreso para conseguir una reunión urgente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a fin de denunciar los innumerables casos de represión contra dirigentes populares que quedan impunes.
Guatemala vivió un conflicto armado interno de 36 años que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, y que finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla el 29 de diciembre de 1996.
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