Tel Aviv acogerá el encuentro anual entre Israel y Reino Unido para evitar arrestos de israelíes por crímenes contra la humanidad

EFE
Israel albergará un encuentro anual estratégico con el Reino Unido, que tenía previsto celebrarse en Londres, para evitar que sus dirigentes puedan ser arrestados al pisar suelo británico por presuntos crímenes contra la humanidad.


El cambio de ubicación lo confirmó el pasado jueves a Efe el portavoz del Ministerio israelí de Exteriores, Igal Palmor, después de que Israel anunciara el pasado miércoles la suspensión de ese mecanismo de dialogo bilateral por el temor de que sus dirigentes fueran arrestados al llegar a suelo británico, donde son perseguidos por ese tipo de crímenes.

Varios políticos israelíes han cancelado visitas a Reino Unido por ese motivo, como la jefa de la oposición y anterior ministra de Exteriores, Tzipi Livni, y esta misma semana lo ha hecho el viceprimer ministro Dan Meridor.

El anuncio del cambio de ubicación de la reunión ha coincidido con una visita a la zona del jefe de la diplomacia británica, William Hague, que se reunió el pasado jueves en Tel Aviv con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le reiteró la intención de su Gobierno de impedir que la Justicia británica sea competente para arrestar dirigentes israelíes por presuntos crímenes contra la humanidad.

En un comunicado de prensa conjunto emitido tras el encuentro, se precisa que "Israel saluda el compromiso explícito del Gobierno británico de enmendar la ley de jurisdicción universal". Asimismo subraya que ambos países mantienen "lazos muy fuertes en temas estratégicos, especialmente el de Irán".

Inicios de las restricciones legales
En diciembre de 2009, después de que un tribunal de Londres emitiese una orden de arresto contra Livni, el anterior ministro británico de Exteriores, David Miliband, señaló que su Ejecutivo estudiaba con carácter "urgente" reformar el sistema legal de tal forma que destacadas figuras de Israel pudieran visitar Reino Unido.

Dos meses antes, el Parlamento español había aprobado una reforma para restringir la aplicación del principio de justicia universal a casos en los que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España.

La reforma fue aprobada meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputase al ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y a seis militares israelíes por un delito contra la humanidad por la muerte de catorce civiles, en su mayoría niños, en el asesinato selectivo de un líder de Hamás en 2002 en Gaza.