lunes, 18 de febrero de 2013

Por una mejora integral del proyecto de ley de transparencia

La Coalición Pro Acceso, que reúne a 65 organizaciones, ha hecho un llamamiento a una mejora integral del proyecto de ley de transparencia ya que, de ser aprobado sin cambios sustanciales, no ayudará a cambiar el estado de opacidad que rige la vida pública española. También exige que no se deje fuera de la negociación a la sociedad civil.
En concreto, la Coalición pro Acceso quiere destacar estos cinco puntos fundamentales que, en el caso de no ser integrados en el proyecto de ley de transparencia, dejarán la futura norma en papel mojado:

  • El actual proyecto de ley debe reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, en la línea de lo reconocido por estándares internacionales. Esto afecta negativamente en varios sentidos: en su aplicación, porque solo afecta a la administración pública; en la ponderación, en caso de conflictos con otros derechos fundamentales y porque implica una menor garantía judicial.
  • Debe aplicarse la obligación de transparencia a todas las instituciones públicas. La ley de transparencia no incluye a muchas instituciones públicas. Deja fuera a todo lo que no esté sujeto a derecho administrativo. Esto incluye: la Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal; al Congreso, al Poder judicial, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.
  • Debe incluir el derecho de acceso a todo tipo de información sin importar su naturaleza o formato. La definición de información no menciona toda información será accesible, sin importar el formato, algo fundamental entre otras cosas, para el movimiento Open Data, muy desarrollado en España. Además el artículo 15 excluye tipos de información, en concreto la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas), imprescindibles para entender por qué se toman las decisiones.
  • Debe limitar el silencio administrativo negativo. Es decir, que si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud. Uno de los principios básicos del derecho de acceso a la información es que las denegaciones deben ser motivadas, el silencio negativo viola de base este principio. Además en España una media de 50% de las solicitudes de información acaban en silencio administrativo, es por eso que optar por un silencio administrativo negativo será un gran obstáculo para implementar un buen sistema de transparencia en España.
  • Es imprescindible que el organismo de revisión sea independiente del Gobierno. Con este proyecto de ley va a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esto hace que este organismo sea juez y parte a la hora de decidir sobre un conflicto. Además, la duración del mandato del Director de este organismo de supervisión coincide con una legislatura, lo que debilita aún más la independencia de este órgano. 
“Si este proyecto de ley sale adelante sin los cambios que la sociedad y los expertos llevan reclamando desde su primer borrador, no solo será un fracaso para la transparencia en España, sino también para la participación”, comentaba Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe.

“Esta ley es una oportunidad real de cambiar las cosas en España, la corrupción y la opacidad son problemas que los dos grandes partidos políticos ya no niegan pero con esta ley demuestran que no quieren avanzar con paso firme para acabar con ellas”, comentaba Helen Darbishire, directora de Access Info Europe.

“El Parlamento tiene ahora una gran oportunidad de arrojar la transparencia al funcionamiento de nuestras instituciones si incluye los cambios que tanto la sociedad como los expertos reclaman”, comentaba Emilia Sánchez-Pantoja Belenguer, Responsable de relaciones con las Cortes y la UE de Intermón Oxfam

En estos momentos el Congreso de los Diputados está organizando unas sesiones de comparecencias de expertos para mejorar el proyecto de ley. Hasta el momento no se han escuchado las voces de actores fundamentales en esta materia, como son: la propia Coalición pro Acceso; los profesionales de la información encargados de implementar la ley; los colectivos de derechos humanos que llevan años pidiendo que España recopile y publique datos; especialistas en Open Data, política que, a pesar de depender de esta ley, queda excluida de la misma, y un largo etcétera de ausencias que destacan la falta de conocimiento sobre transparencia por parte de nuestros representantes.

“Es la crónica de una muerte anunciada. Pensar en una ley y no en su implementación es perder el tiempo”, comentaba Victoria Anderica, de Access Info Europe. “En las comparecencias deberían estar consultando con expertos que pueden asesorar sobre cómo hacer de esta ley una realidad”, añade Anderica.

Desde 2006 la Coalición Pro Acceso defiende la aprobación de una ley de transparencia en España con unos requisitos mínimos definidos en los 10 principios de la Coalición Pro Acceso. Gobiernos del PSOE y PP se han reunido en varias ocasiones con la Coalición sin integrar en ningún momento sus aportaciones.

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