domingo, 18 de mayo de 2008
Nuevo asesinato en Ciudad Juárez
Berenice García Corral, comandante del Grupo especial de delitos sexuales en la Procuraduría de Ciudad Juárez, Chihuahua (Méjico), ha sido asesinada a balazos el 5 de mayo cuando entraba en su casa. En el momento de su muerte estaba realizando una investigación sobre delitos sexuales que vinculaban a políticos locales y a policías, la llamada “Operación Chihuahua”. La procuradora del Estado ha declarado que la línea de investigación que se está siguiendo por su asesinato está relacionada con el trabajo que desempeñaba.
Continúa la investigación de la Audiencia Nacional Española por el genocidio en Guatemala
El segundo grupo de testigos, entre víctimas, familiares y peritos prestarán declaración la última semana de mayo de 2008 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional en el que se sigue el proceso judicial por genocidio, terrorismo y torturas, contra altos mandos militares y civiles durante el período represivo contra la población civil en Guatemala en los años 80.
Estos testimonios continúan la labor de investigación judicial que se sustancia en un tribunal español por actos de genocidio en Guatemala, en virtud de la competencia universal que para estos delitos está prevista en nuestra legislación penal española, al tratarse de graves crímenes que afectan a la comunidad internacional. En los próximos meses está prevista la declaración de otros testigos procedentes de las distintas regiones de Guatemala. Entre las víctimas, en su mayoría indígenas mayas, se encuentran también religiosos, un representante diplomático español y personal de la Embajada de España.
En Guatemala, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal ha tomado asimismo declaraciones a más de 20 testigos y peritos por genocidio.
La última semana de mayo de 2008 comparecerá ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional el segundo grupo de testigos, entre víctimas, familiares y peritos, procedentes de Guatemala, para prestar declaración en el proceso judicial.
Estos testimonios continúan la labor de investigación judicial que se sustancia en un tribunal español por actos de genocidio en Guatemala, en virtud de la competencia universal que para estos delitos está prevista en nuestra legislación penal española, al tratarse de graves crímenes que afectan a la comunidad internacional. En los próximos meses está prevista la declaración de otros testigos procedentes de las distintas regiones de Guatemala. Entre las víctimas, en su mayoría indígenas mayas, se encuentran también religiosos, un representante diplomático español y personal de la Embajada de España.
En Guatemala, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal ha tomado asimismo declaraciones a más de 20 testigos y peritos por genocidio.
La última semana de mayo de 2008 comparecerá ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional el segundo grupo de testigos, entre víctimas, familiares y peritos, procedentes de Guatemala, para prestar declaración en el proceso judicial.
A dos años del operativo policial en San Salvador Atenco (México)
Han transcurrido dos años desde el operativo policial represivo en San Salvador Atenco (Méjico), que se saldó con la muerte por un proyectil del menor de edad Javier Cortés y con las detenciones de más de doscientas personas, entre ellas otros nueve menores de edad y casi cincuenta mujeres, quienes alegaron ser torturados durante el traslado a los centros de detención y algunas de las mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Más de dos mil efectivos, entre fuerzas de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia de Seguridad Estatal y de la policía municipal, fueron desplegados para reaccionar frente a la confrontación que estaba teniendo lugar entre vendedores ambulantes de Texcoco, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y las autoridades municipales.
Veintiséis mujeres acusaron a los policías de haberlas torturado y violado durante el traslado de cinco horas en las camionetas. Once de ellas sostuvieron su acusación y han presentado denuncias. Los cinco menores de edad que permanecieron recluidos y fueron atendidos en la enfermería del Tutelar de Menores durante más de veinte días desde su detención, alegaron ser observados y seguidos por automóviles sin placas estacionados afuera de sus domicilios, una vez puestos en libertad. El Juzgado de lo Penal del Distrito de Toluca les citó como testigos del Ministerio Público en la causa penal número 96/06.
En los procesos abiertos desde mayo de 2006 para la investigación de los actos de violencia contra las mujeres por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y por la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA), las diligencias practicadas y los resultados obtenidos no satisfacen las demandas presentadas por las víctimas, ya que solamente un policía ha sido consignado por un acto delictivo sexual mientras que los otros veinte agentes han sido acusados de abuso de autoridad, y otros seis policías están siendo investigados en estos momentos.
Para exigir el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la puesta en libertad de los manifestantes que aún permanecen detenidos, los pasados 29 y 30 abril se han manifestado en Ciudad de México las mujeres y los menores víctimas de los hechos, realizando actos de protesta frente a la Fiscalía Especial (FEVIMTRA), y entregando documentos de lo sucedido a UNICEF. Asimismo, las mujeres informaron que en ese momento estaba siendo entregada una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Varias mujeres extranjeras se encontraban en San Salvador Atenco durante el operativo policial: la alemana Samantha Dietmar, la chilena Valentina Palma y las españolas María Sostrés y Cristina Valls. Esta última, quién alegó haber sido víctima de violación, presentó en enero de este año una querella ante la Audiencia Nacional española en contra de los funcionarios supuestamente responsables de la violencia en Atenco.
Veintiséis mujeres acusaron a los policías de haberlas torturado y violado durante el traslado de cinco horas en las camionetas. Once de ellas sostuvieron su acusación y han presentado denuncias. Los cinco menores de edad que permanecieron recluidos y fueron atendidos en la enfermería del Tutelar de Menores durante más de veinte días desde su detención, alegaron ser observados y seguidos por automóviles sin placas estacionados afuera de sus domicilios, una vez puestos en libertad. El Juzgado de lo Penal del Distrito de Toluca les citó como testigos del Ministerio Público en la causa penal número 96/06.
En los procesos abiertos desde mayo de 2006 para la investigación de los actos de violencia contra las mujeres por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y por la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA), las diligencias practicadas y los resultados obtenidos no satisfacen las demandas presentadas por las víctimas, ya que solamente un policía ha sido consignado por un acto delictivo sexual mientras que los otros veinte agentes han sido acusados de abuso de autoridad, y otros seis policías están siendo investigados en estos momentos.
Para exigir el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la puesta en libertad de los manifestantes que aún permanecen detenidos, los pasados 29 y 30 abril se han manifestado en Ciudad de México las mujeres y los menores víctimas de los hechos, realizando actos de protesta frente a la Fiscalía Especial (FEVIMTRA), y entregando documentos de lo sucedido a UNICEF. Asimismo, las mujeres informaron que en ese momento estaba siendo entregada una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Varias mujeres extranjeras se encontraban en San Salvador Atenco durante el operativo policial: la alemana Samantha Dietmar, la chilena Valentina Palma y las españolas María Sostrés y Cristina Valls. Esta última, quién alegó haber sido víctima de violación, presentó en enero de este año una querella ante la Audiencia Nacional española en contra de los funcionarios supuestamente responsables de la violencia en Atenco.
viernes, 16 de mayo de 2008
Corrupción de Policía en Coslada: ya hubo denuncias desoídas en los 90
El jefe del Cuerpo de la Policía de Coslada (Madrid), Ginés Buendía Jiménez, ya había sido denunciado en los años 90 por la Asociación Contra la Tortura por supuestas agresiones durante actos de detención.
Ahora el propio Buendía y casi una treintena de agentes de la Policía Local de Coslada han sido detenidos por su presunta implicación en una trama de corrupción, a través de las que se realizaban extorsiones a propietarios de locales de ocio y comercios, y a prostitutas.
Ahora el propio Buendía y casi una treintena de agentes de la Policía Local de Coslada han sido detenidos por su presunta implicación en una trama de corrupción, a través de las que se realizaban extorsiones a propietarios de locales de ocio y comercios, y a prostitutas.
lunes, 5 de mayo de 2008
Importante avance en la protección de las mujeres víctimas de violencia en Guatemala
El Congreso de la República de Guatemala aprobó el pasado 7 de abril por unanimidad la iniciativa 3770: Ley contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Esta Ley, que había sido previamente consensuada por organizaciones de derechos humanos y de mujeres, se ha considerado como un logro histórico por todos los partidos políticos.
La nueva normativa tipifica los asesinatos de mujeres por causas de género, la violencia sexual y la violencia económica, entre otros delitos. Introduce el concepto de Feminicidio y lo define como el acto de matar a una mujer en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, e impone penas de prisión entre 25 y 50 años. También penaliza actos de violencia física, sexual o psicológica contra las mujeres, a los que se asignan penas de prisión de cinco a 12 años.
Se establece asimismo la creación, por parte de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), de juzgados especializados en la atención de víctimas de violencia durante las 24 horas del día, y de centros de apoyo para las mujeres sobrevivientes de la violencia y sus hijos, los cuales darán seguimiento a sus denuncias.
Se espera que esta Ley contribuya de forma efectiva a la prevención y sanción de las muertes violentas de mujeres en Guatemala, que sólo en 2007 ascendieron a 590 víctimas. Pero su efectiva aplicación dependerá de la voluntad política de todas las instituciones del estado responsables en la prevención de la violencia.
El establecimiento de la base legal es un avance importante en la lucha contra la discriminación contra la mujer, pero no es menos importante la puesta en marcha de iniciativas educativas para la transformación de los roles culturales y sociales, la capacitación de forenses y fiscales o la coordinación entre los órganos encargados de la investigación. Sin olvidar que desde que en 2005 se produjera un aumento desmesurado de mujeres víctimas de violencia que desencadenó toda una campaña nacional e internacional de denuncia, la situación no ha mejorado sino que por el contrario se está produciendo un ascenso en las cifras de muertes.
La puesta en marcha del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), a través del Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia de la Comisión Europea, deberá contribuir sustancialmente al esclarecimiento de los crímenes que se encuentran en la impunidad, al suponer un incremento de recursos para la investigación de la escena del crimen a través de la formación de personal, asistencia técnica y la dignificación de los depósitos de cadáveres.
La nueva normativa tipifica los asesinatos de mujeres por causas de género, la violencia sexual y la violencia económica, entre otros delitos. Introduce el concepto de Feminicidio y lo define como el acto de matar a una mujer en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, e impone penas de prisión entre 25 y 50 años. También penaliza actos de violencia física, sexual o psicológica contra las mujeres, a los que se asignan penas de prisión de cinco a 12 años.
Se establece asimismo la creación, por parte de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), de juzgados especializados en la atención de víctimas de violencia durante las 24 horas del día, y de centros de apoyo para las mujeres sobrevivientes de la violencia y sus hijos, los cuales darán seguimiento a sus denuncias.
Se espera que esta Ley contribuya de forma efectiva a la prevención y sanción de las muertes violentas de mujeres en Guatemala, que sólo en 2007 ascendieron a 590 víctimas. Pero su efectiva aplicación dependerá de la voluntad política de todas las instituciones del estado responsables en la prevención de la violencia.
El establecimiento de la base legal es un avance importante en la lucha contra la discriminación contra la mujer, pero no es menos importante la puesta en marcha de iniciativas educativas para la transformación de los roles culturales y sociales, la capacitación de forenses y fiscales o la coordinación entre los órganos encargados de la investigación. Sin olvidar que desde que en 2005 se produjera un aumento desmesurado de mujeres víctimas de violencia que desencadenó toda una campaña nacional e internacional de denuncia, la situación no ha mejorado sino que por el contrario se está produciendo un ascenso en las cifras de muertes.
La puesta en marcha del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), a través del Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia de la Comisión Europea, deberá contribuir sustancialmente al esclarecimiento de los crímenes que se encuentran en la impunidad, al suponer un incremento de recursos para la investigación de la escena del crimen a través de la formación de personal, asistencia técnica y la dignificación de los depósitos de cadáveres.
domingo, 4 de mayo de 2008
Discapacidad: Nueva Convención de la ONU y ratificación de España
España ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas, y su anejo Protocolo Facultativo, sobre los derechos de las personas con discapacidad (BOE de 21 de abril de 2008, pp. 20648-20752). Convención y Protocolo han entrado en vigor el 3 de mayo.
La ratificación obligará a introducir modificaciones en la legislación española en ámbitos de salud, sanidad e investigación; libertad y seguridad; trabajo, empleo y servicios sociales; derecho privado; administración de justicia, servicios públicos y función pública; medidas tributarias; participación política; accesibilidad a los medios audiovisuales; educación, y otras medidas, muchas transversales, que afectarán a personas con discapacidad: mujeres, niños y niñas, mayores, inmigrantes, y a la accesibilidad universal, igualdad y no discriminación.
La ratificación obligará a introducir modificaciones en la legislación española en ámbitos de salud, sanidad e investigación; libertad y seguridad; trabajo, empleo y servicios sociales; derecho privado; administración de justicia, servicios públicos y función pública; medidas tributarias; participación política; accesibilidad a los medios audiovisuales; educación, y otras medidas, muchas transversales, que afectarán a personas con discapacidad: mujeres, niños y niñas, mayores, inmigrantes, y a la accesibilidad universal, igualdad y no discriminación.
Investigación por desaparición forzada en Guatemala
El Juzgado Undécimo de Instancia Penal de Guatemala resolvió el 9 de abril abrir un proceso judicial contra ex integrantes del ejército presuntamente implicados en la desaparición forzada de siete miembros de una familia, en 1981, en la aldea El Jute, en el departamento de Chiquimula. Las víctimas fueron vistas por última vez al ser trasladadas a la base militar de Zacapa.
No prospera la iniciativa de Ley de Indulto para los condenados a muerte en Guatemala
La iniciativa legislativa sobre petición de indulto en Guatemala: “Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte”, ha caducado el pasado cinco de mayo, ya que el Congreso no procedió en el plazo concedido a realizar la votación sobre la anulación del veto presidencial de Álvaro Colom a esta propuesta.
El Decreto 06-2008 regulador de la mencionada ley establecía un procedimiento para que los condenados a muerte solicitaran el indulto al presidente, pero sin definir los criterios según los cuales se podía otorgar este beneficio, y fijando un plazo de treinta días para la resolución de las solicitudes, transcurrido el cual sin haberse pronunciado, se entendía la denegación tácita de las mismas y la ejecución inmediata en las siguientes veinticuatro horas.
Su aprobación hubiera implicado una serie de consecuencias como la dificultad real de interponer recursos ante las denegaciones con la consiguiente aceleración de las ejecuciones, la ejecución de personas que pudieran tener recurridas sus condenas ante organismos internacionales y cuyos casos estuvieran pendientes de resolver, así como la contravención de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Raxcacó contra Guatemala, por la que se instaba al Estado a especificar criterios claros para evaluar las peticiones individuales de indulto.
Anteriormente, en agosto de 2006 se había presentado otra iniciativa, la 3521: “Ley de Recurso de Gracia para los condenados a muerte”, la cual contenía las mismas disposiciones que la de 2008. Aunque la Comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia del Congreso emitió un dictamen favorable a la Iniciativa 3521, sin embargo no fue debatida en tercera lectura prevista en mayo de 2007, ni sometida a votación posteriormente.
Debido a esta ausencia de regulación del procedimiento de indulto desde el año 2000, los condenados a muerte se encuentran en un limbo legal, ya que si bien las ejecuciones están suspendidas desde esa fecha, los condenados se encuentran recluidos indefinidamente mientras no puedan solicitar el indulto.
En el ámbito internacional, la Corte IDH ha instado al Estado de Guatemala en las sentencias de los casos de los condenados a muerte Raxcacó y Fermín Ramírez, a realizar modificaciones legislativas internas de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Concretamente, las sentencias prescriben la no aplicación del párrafo 2º del artículo 132 del Código Penal (que impone la pena de muerte por delito de asesinato en base a la peligrosidad del agente), ni del artículo 201 (que la impone por ciertos supuestos de secuestro). Aunque no se han presentado hasta la fecha proyectos legislativos en el Congreso para iniciar estas modificaciones legislativas prescritas por la Corte, esta prohibición en su aplicación y su sustitución por penas privativas de libertad que sean proporcionales a la gravedad de los hechos, implica una abolición de hecho de la pena de muerte en Guatemala, si se tiene en cuenta que las aproximadamente veinticinco personas que están condenadas a muerte lo habrían sido por los mencionados delitos en contravención de los estándares internacionales.
De las sentencias podría desprenderse además la obligación para el Estado de revisar las condenas a muerte existentes en la actualidad. Pero la Corte Suprema de Justicia está rechazando la mayor parte de las solicitudes de revisión de la condena de los ya sentenciados y su consiguiente conmutación.
Tampoco han prosperado en el Congreso los proyectos de ley para la abolición de la pena capital en los delitos de secuestro y asesinato, que fueron rechazados por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
El Decreto 06-2008 regulador de la mencionada ley establecía un procedimiento para que los condenados a muerte solicitaran el indulto al presidente, pero sin definir los criterios según los cuales se podía otorgar este beneficio, y fijando un plazo de treinta días para la resolución de las solicitudes, transcurrido el cual sin haberse pronunciado, se entendía la denegación tácita de las mismas y la ejecución inmediata en las siguientes veinticuatro horas.
Su aprobación hubiera implicado una serie de consecuencias como la dificultad real de interponer recursos ante las denegaciones con la consiguiente aceleración de las ejecuciones, la ejecución de personas que pudieran tener recurridas sus condenas ante organismos internacionales y cuyos casos estuvieran pendientes de resolver, así como la contravención de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Raxcacó contra Guatemala, por la que se instaba al Estado a especificar criterios claros para evaluar las peticiones individuales de indulto.
Anteriormente, en agosto de 2006 se había presentado otra iniciativa, la 3521: “Ley de Recurso de Gracia para los condenados a muerte”, la cual contenía las mismas disposiciones que la de 2008. Aunque la Comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia del Congreso emitió un dictamen favorable a la Iniciativa 3521, sin embargo no fue debatida en tercera lectura prevista en mayo de 2007, ni sometida a votación posteriormente.
Debido a esta ausencia de regulación del procedimiento de indulto desde el año 2000, los condenados a muerte se encuentran en un limbo legal, ya que si bien las ejecuciones están suspendidas desde esa fecha, los condenados se encuentran recluidos indefinidamente mientras no puedan solicitar el indulto.
En el ámbito internacional, la Corte IDH ha instado al Estado de Guatemala en las sentencias de los casos de los condenados a muerte Raxcacó y Fermín Ramírez, a realizar modificaciones legislativas internas de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Concretamente, las sentencias prescriben la no aplicación del párrafo 2º del artículo 132 del Código Penal (que impone la pena de muerte por delito de asesinato en base a la peligrosidad del agente), ni del artículo 201 (que la impone por ciertos supuestos de secuestro). Aunque no se han presentado hasta la fecha proyectos legislativos en el Congreso para iniciar estas modificaciones legislativas prescritas por la Corte, esta prohibición en su aplicación y su sustitución por penas privativas de libertad que sean proporcionales a la gravedad de los hechos, implica una abolición de hecho de la pena de muerte en Guatemala, si se tiene en cuenta que las aproximadamente veinticinco personas que están condenadas a muerte lo habrían sido por los mencionados delitos en contravención de los estándares internacionales.
De las sentencias podría desprenderse además la obligación para el Estado de revisar las condenas a muerte existentes en la actualidad. Pero la Corte Suprema de Justicia está rechazando la mayor parte de las solicitudes de revisión de la condena de los ya sentenciados y su consiguiente conmutación.
Tampoco han prosperado en el Congreso los proyectos de ley para la abolición de la pena capital en los delitos de secuestro y asesinato, que fueron rechazados por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
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