España ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas, y su anejo Protocolo Facultativo, sobre los derechos de las personas con discapacidad (BOE de 21 de abril de 2008, pp. 20648-20752). Convención y Protocolo han entrado en vigor el 3 de mayo.
La ratificación obligará a introducir modificaciones en la legislación española en ámbitos de salud, sanidad e investigación; libertad y seguridad; trabajo, empleo y servicios sociales; derecho privado; administración de justicia, servicios públicos y función pública; medidas tributarias; participación política; accesibilidad a los medios audiovisuales; educación, y otras medidas, muchas transversales, que afectarán a personas con discapacidad: mujeres, niños y niñas, mayores, inmigrantes, y a la accesibilidad universal, igualdad y no discriminación.
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