El momento de la justicia en Guatemala

Es hora de la justicia en Guatemala y debemos tomar medidas ahora. El conflicto armado interno de Guatemala terminó hace más de una década con una cantidad enorme de personas desaparecidas, asesinadas, violadas y torturadas. A pesar de los esfuerzos continuos en muchos frentes, y las promesas por el gobierno, la justicia aún no se ha entregado y las promesas siguen sin cumplirse. El genocidio dejó cientos de miles de muertos, la mayoría siendo de poblaciones indígenas que ya eran víctimas de discriminación y vulnerabilidad extrema. Archivos militares de Guatemala, que contienen información crucial en relación con las atrocidades que tuvieron lugar entre 1960 y 1996, fueron descubiertas en 2005 por los miembros de la oficina de Derechos Humanos de la Nación y sólo recientemente han comenzado a ser puestos a disposición del público.

¡Ya es hora de justicia!

MANIFIESTO POR LA JUSTICIA DE GARZÓN

Desde hace aproximadamente un año estamos asistiendo a una persecución en toda regla contra el juez Baltasar Garzón desde los sectores más radicales de la derecha española, Falange Española y Manos Limpias.
En vistaa de esta situacíón, un grupo de ciudadanos, preocupados por las consecuencias que el hecho pueda tener para la defensa de los Derechos Humanos y la democracia española, han elaborado un manifiesto en el que recogen una denuncia colectiva que permite tanto a ciudadanos individuales como asociaciones defensoras de los Derechos Humanos expresar su apoyo al juez y ejercer su derecho a la libertad de expresión.


Puedes leer el manifierto y adherirte dejando tu comentario aquí.

Informe: Peru-Bagua. Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico. Urge abrir diálogo de buena fé

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y sus organizaciones miembro en el Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral (CEDAL), publican hoy su informe sobre los sucesos de Bagua del pasado mes de junio que se saldaron con la muerte de 33 personas más un desaparecido, y dejaron a unas 200 personas heridas.

El Informe hace un análisis detallado de los sucesos tomando en cuenta los puntos de vista y testimonios tanto de las autoridades peruanas como de las víctimas y de sus familiares, y de las organizaciones indígenas. También presenta las protestas que surgieron a raíz de la adopción por el gobierno peruano de una serie de Decretos Legislativos dirigidos a facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, más conocido como « TLC », y el escenario posterior a los enfrentamientos.

La FIDH denuncia que durante los hechos se violaron el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado u objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho a un debido proceso, a no ser detenido en forma arbitraria y a la libertad de expresión. Se destaca en particular la criminalización de los líderes indígenas que obstaculiza la posibilidad de un verdadero diálogo.

El Informe recomienda entre otras cosas la creación de una comisión investigadora totalmente independiente, y la necesidada de aportar modificaciones al marco legal para garantizar los plenos derechos de los pueblos indígenas

El Informe Goldstone, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El pasado viernes 16 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, aprobó el conocido 'Informe Goldstone' cuyas conclusiones encuentran "fuertes evidencias" de que tanto Israel como Hamás cometieron crímenes de guerra durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada el pasado diciembre de 2008 y extendida hasta enero de este año. La resolución, pide su consideración en la Asamblea General de la ONU y el examen del secretario general, Ban Ki Moon, quien deberá informar al CDH del cumplimento de las recomendaciones del mismo.

La investigación, liderada por el juez sudafricano Samuel Golsdtone, y posteriormente llevada a reporte, recibió 25 votos a favor de los 47 miembros del Consejo. Por el contrario, 6 lo hicieron en contra y 11 se abstuvieron.

Guinea Ecuatorial: rendir cuentas por riqueza proveniente del petróleo

Guinea Ecuatorial, dónde las reservas de petróleo y gas natural son fuente de riqueza y hacen que este país tenga el mayor producto interior bruto de África Subsahariana, tiene dos terceras partes de su población en condiciones de extrema pobreza. Así se pone de manifiesto en el informe "Bien engrasado: Petróleo y derechos humanos en Guinea Ecuatorial",de la organización Center for Economical and Social Rights (CESR). El informe completo en inglés y un resumen en castellano, pueden consultarse en este enlace: ver


Noticias de Europa Press relacionadas:
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-dos-terceras-partes-guinea-ecuatorial-vive-extrema-pobreza-pese-petroleo-informe-20090709125833.html

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-malabo-asegura-guinea-no-hay-miseria-hambre-vive-enorme-proceso-modernizacion-20090709140928.html

Campaña contra la restricción de la justicia universal

La aprobación del proyecto de reforma de la justicia universal en España supondría la denegación de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos.

Manifiesto contra la impunidad - Por la Justicia Universal. Leer

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (fidh) emite una carta abierta a D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España: Leer

Manifiesto sobre la reforma legislativa que introducirá limitaciones al ejercicio de la justicia universal: Leer

Manifiesto en apoyo a la Jurisdicción Universal: Leer

Comunicado FIDH-APDHE: Tentativa de reforma de la competencia universal en España: un paso atrás en la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves: Leer

La jurisdicción universal en España y los intereses políticos por restringirla

La Audiencia Universal. El poder ilimitado para investigar crímenes en el extranjero crea conflictos diplomáticos - ¿Es preciso en medio del caos judicial? Ver

Sentencia condenatoria en Perú contra Alberto Fujimori

El ex dictador Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión como principal responsable de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, en los cuales 29 personas fueron asesinadas, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú, que llevó adelante un proceso ejemplar por su pulcritud e imparcialidad, consideró plenamente probados, "más allá de toda duda razonable", los cuatro cargos formulados por la acusación fiscal.
Ver texto de la sentencia
La condena al ex dictador sienta un precedente histórico frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde las más altas esferas del poder, que por lo general quedan impunes. Los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos saludaron la decisión del Tribunal Supremo de sancionar y condenar a Fujimori, quien delinquió en complicidad con Vladimiro Montesinos en estos y muchos otros casos de violación de derechos humanos y delitos de corrupción que esperan ser juzgados.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú resalta la integridad de los magistrados que integraron la Sala Penal Especial, quienes a lo largo del juicio demostraron imparcialidad, transparencia y objetividad, garantizando un justo y debido proceso, en el cual Fujimori gozó de la mayor amplitud y garantías para su defensa. Este proceso sienta un precedente histórico que reivindica al Poder Judicial peruano por la reserva moral que representan no pocos magistrados.
Abrigamos la esperanza de que esta sentencia histórica marque una línea en relación con los juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos en el Perú , que no deben quedar impunes, en aras de la verdad y la justicia a las cuales tienen derecho las víctimas, sus familiares y toda la ciudadanía.

Continúa la investigación de la Audiencia Nacional Española por el genocidio en Guatemala

El segundo grupo de testigos, entre víctimas, familiares y peritos prestarán declaración la última semana de mayo de 2008 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional en el que se sigue el proceso judicial por genocidio, terrorismo y torturas, contra altos mandos militares y civiles durante el período represivo contra la población civil en Guatemala en los años 80.


Estos testimonios continúan la labor de investigación judicial que se sustancia en un tribunal español por actos de genocidio en Guatemala, en virtud de la competencia universal que para estos delitos está prevista en nuestra legislación penal española, al tratarse de graves crímenes que afectan a la comunidad internacional. En los próximos meses está prevista la declaración de otros testigos procedentes de las distintas regiones de Guatemala. Entre las víctimas, en su mayoría indígenas mayas, se encuentran también religiosos, un representante diplomático español y personal de la Embajada de España.
En Guatemala, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal ha tomado asimismo declaraciones a más de 20 testigos y peritos por genocidio.


La última semana de mayo de 2008 comparecerá ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional el segundo grupo de testigos, entre víctimas, familiares y peritos, procedentes de Guatemala, para prestar declaración en el proceso judicial.

Corrupción de Policía en Coslada: ya hubo denuncias desoídas en los 90

El jefe del Cuerpo de la Policía de Coslada (Madrid), Ginés Buendía Jiménez, ya había sido denunciado en los años 90 por la Asociación Contra la Tortura por supuestas agresiones durante actos de detención.
Ahora el propio Buendía y casi una treintena de agentes de la Policía Local de Coslada han sido detenidos por su presunta implicación en una trama de corrupción, a través de las que se realizaban extorsiones a propietarios de locales de ocio y comercios, y a prostitutas.

Discapacidad: Nueva Convención de la ONU y ratificación de España

España ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas, y su anejo Protocolo Facultativo, sobre los derechos de las personas con discapacidad (BOE de 21 de abril de 2008, pp. 20648-20752). Convención y Protocolo han entrado en vigor el 3 de mayo.
La ratificación obligará a introducir modificaciones en la legislación española en ámbitos de salud, sanidad e investigación; libertad y seguridad; trabajo, empleo y servicios sociales; derecho privado; administración de justicia, servicios públicos y función pública; medidas tributarias; participación política; accesibilidad a los medios audiovisuales; educación, y otras medidas, muchas transversales, que afectarán a personas con discapacidad: mujeres, niños y niñas, mayores, inmigrantes, y a la accesibilidad universal, igualdad y no discriminación.

No prospera la iniciativa de Ley de Indulto para los condenados a muerte en Guatemala

La iniciativa legislativa sobre petición de indulto en Guatemala: “Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte”, ha caducado el pasado cinco de mayo, ya que el Congreso no procedió en el plazo concedido a realizar la votación sobre la anulación del veto presidencial de Álvaro Colom a esta propuesta.


El Decreto 06-2008 regulador de la mencionada ley establecía un procedimiento para que los condenados a muerte solicitaran el indulto al presidente, pero sin definir los criterios según los cuales se podía otorgar este beneficio, y fijando un plazo de treinta días para la resolución de las solicitudes, transcurrido el cual sin haberse pronunciado, se entendía la denegación tácita de las mismas y la ejecución inmediata en las siguientes veinticuatro horas.
Su aprobación hubiera implicado una serie de consecuencias como la dificultad real de interponer recursos ante las denegaciones con la consiguiente aceleración de las ejecuciones, la ejecución de personas que pudieran tener recurridas sus condenas ante organismos internacionales y cuyos casos estuvieran pendientes de resolver, así como la contravención de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Raxcacó contra Guatemala, por la que se instaba al Estado a especificar criterios claros para evaluar las peticiones individuales de indulto.
Anteriormente, en agosto de 2006 se había presentado otra iniciativa, la 3521: “Ley de Recurso de Gracia para los condenados a muerte”, la cual contenía las mismas disposiciones que la de 2008. Aunque la Comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia del Congreso emitió un dictamen favorable a la Iniciativa 3521, sin embargo no fue debatida en tercera lectura prevista en mayo de 2007, ni sometida a votación posteriormente.
Debido a esta ausencia de regulación del procedimiento de indulto desde el año 2000, los condenados a muerte se encuentran en un limbo legal, ya que si bien las ejecuciones están suspendidas desde esa fecha, los condenados se encuentran recluidos indefinidamente mientras no puedan solicitar el indulto.
En el ámbito internacional, la Corte IDH ha instado al Estado de Guatemala en las sentencias de los casos de los condenados a muerte Raxcacó y Fermín Ramírez, a realizar modificaciones legislativas internas de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Concretamente, las sentencias prescriben la no aplicación del párrafo 2º del artículo 132 del Código Penal (que impone la pena de muerte por delito de asesinato en base a la peligrosidad del agente), ni del artículo 201 (que la impone por ciertos supuestos de secuestro). Aunque no se han presentado hasta la fecha proyectos legislativos en el Congreso para iniciar estas modificaciones legislativas prescritas por la Corte, esta prohibición en su aplicación y su sustitución por penas privativas de libertad que sean proporcionales a la gravedad de los hechos, implica una abolición de hecho de la pena de muerte en Guatemala, si se tiene en cuenta que las aproximadamente veinticinco personas que están condenadas a muerte lo habrían sido por los mencionados delitos en contravención de los estándares internacionales.
De las sentencias podría desprenderse además la obligación para el Estado de revisar las condenas a muerte existentes en la actualidad. Pero la Corte Suprema de Justicia está rechazando la mayor parte de las solicitudes de revisión de la condena de los ya sentenciados y su consiguiente conmutación.
Tampoco han prosperado en el Congreso los proyectos de ley para la abolición de la pena capital en los delitos de secuestro y asesinato, que fueron rechazados por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.