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viernes, 18 de febrero de 2011
domingo, 5 de diciembre de 2010
Gran polémica ante una posible colaboración española con EE.UU. para frenar los procesos de Couso, los vuelos de la CIA y las torturas de Guantanamo en la Audiencia Nacional
Grupos parlamentarios piden explicaciones al gobierno tras la última filtración de Wikileaks que que revelan la "complicidad" de altos cargos españoles para "frenar" las causas judiciales abiertas contra militares norteamericanos por el asesinato del cámara gallego de televisión José Couso, los denominados vuelos de la CIA y los casos de torturas en Guantánamo.
Entre estos grupos se encuentra el partido nacionalista gallego BNG que el pasado martes pidió explicaciones al Ejecutivo e insistió en que aclarara la veracidad de la documentación que hace referencia a las "maniobras, presiones y estrategias" de la Embajada estadounidense en Madrid sobre los procesos judiciales abiertos en España contra militares norteamericanos por el asesinato de Couso, los vuelos de la CIA sobre suelo español y las torturas a presos de Guantánamo.
En referencia a los vuelos de la CIA la ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró el pasado jueves que el Gobierno siempre ha cumplido el Convenio de Defensa, que no autorizaba el paso por España de vuelos de la CIA que transportasen personas o cargas comprometidas para España.
El fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, también quiso pronunciarse sobre las filtraciones de Wikileaks y aseguró que estas "no comprometen en absoluto la independencia" de la Fiscalía. Según el fiscal este organismo no ha seguido "ninguna instrucción" de la Embajada estadounidense y "nuestra posición es la legal y en ningún caso es transmitir ante las autoridades judiciales españolas los intereses americanos", ha destacado.
Entre estos grupos se encuentra el partido nacionalista gallego BNG que el pasado martes pidió explicaciones al Ejecutivo e insistió en que aclarara la veracidad de la documentación que hace referencia a las "maniobras, presiones y estrategias" de la Embajada estadounidense en Madrid sobre los procesos judiciales abiertos en España contra militares norteamericanos por el asesinato de Couso, los vuelos de la CIA sobre suelo español y las torturas a presos de Guantánamo.
En referencia a los vuelos de la CIA la ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró el pasado jueves que el Gobierno siempre ha cumplido el Convenio de Defensa, que no autorizaba el paso por España de vuelos de la CIA que transportasen personas o cargas comprometidas para España.
El fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, también quiso pronunciarse sobre las filtraciones de Wikileaks y aseguró que estas "no comprometen en absoluto la independencia" de la Fiscalía. Según el fiscal este organismo no ha seguido "ninguna instrucción" de la Embajada estadounidense y "nuestra posición es la legal y en ningún caso es transmitir ante las autoridades judiciales españolas los intereses americanos", ha destacado.
domingo, 7 de noviembre de 2010
Tel Aviv acogerá el encuentro anual entre Israel y Reino Unido para evitar arrestos de israelíes por crímenes contra la humanidad
EFE
Israel albergará un encuentro anual estratégico con el Reino Unido, que tenía previsto celebrarse en Londres, para evitar que sus dirigentes puedan ser arrestados al pisar suelo británico por presuntos crímenes contra la humanidad.
El cambio de ubicación lo confirmó el pasado jueves a Efe el portavoz del Ministerio israelí de Exteriores, Igal Palmor, después de que Israel anunciara el pasado miércoles la suspensión de ese mecanismo de dialogo bilateral por el temor de que sus dirigentes fueran arrestados al llegar a suelo británico, donde son perseguidos por ese tipo de crímenes.
Varios políticos israelíes han cancelado visitas a Reino Unido por ese motivo, como la jefa de la oposición y anterior ministra de Exteriores, Tzipi Livni, y esta misma semana lo ha hecho el viceprimer ministro Dan Meridor.
El anuncio del cambio de ubicación de la reunión ha coincidido con una visita a la zona del jefe de la diplomacia británica, William Hague, que se reunió el pasado jueves en Tel Aviv con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le reiteró la intención de su Gobierno de impedir que la Justicia británica sea competente para arrestar dirigentes israelíes por presuntos crímenes contra la humanidad.
En un comunicado de prensa conjunto emitido tras el encuentro, se precisa que "Israel saluda el compromiso explícito del Gobierno británico de enmendar la ley de jurisdicción universal". Asimismo subraya que ambos países mantienen "lazos muy fuertes en temas estratégicos, especialmente el de Irán".
Inicios de las restricciones legales
En diciembre de 2009, después de que un tribunal de Londres emitiese una orden de arresto contra Livni, el anterior ministro británico de Exteriores, David Miliband, señaló que su Ejecutivo estudiaba con carácter "urgente" reformar el sistema legal de tal forma que destacadas figuras de Israel pudieran visitar Reino Unido.
Dos meses antes, el Parlamento español había aprobado una reforma para restringir la aplicación del principio de justicia universal a casos en los que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España.
La reforma fue aprobada meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputase al ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y a seis militares israelíes por un delito contra la humanidad por la muerte de catorce civiles, en su mayoría niños, en el asesinato selectivo de un líder de Hamás en 2002 en Gaza.
Israel albergará un encuentro anual estratégico con el Reino Unido, que tenía previsto celebrarse en Londres, para evitar que sus dirigentes puedan ser arrestados al pisar suelo británico por presuntos crímenes contra la humanidad.
El cambio de ubicación lo confirmó el pasado jueves a Efe el portavoz del Ministerio israelí de Exteriores, Igal Palmor, después de que Israel anunciara el pasado miércoles la suspensión de ese mecanismo de dialogo bilateral por el temor de que sus dirigentes fueran arrestados al llegar a suelo británico, donde son perseguidos por ese tipo de crímenes.
Varios políticos israelíes han cancelado visitas a Reino Unido por ese motivo, como la jefa de la oposición y anterior ministra de Exteriores, Tzipi Livni, y esta misma semana lo ha hecho el viceprimer ministro Dan Meridor.
El anuncio del cambio de ubicación de la reunión ha coincidido con una visita a la zona del jefe de la diplomacia británica, William Hague, que se reunió el pasado jueves en Tel Aviv con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le reiteró la intención de su Gobierno de impedir que la Justicia británica sea competente para arrestar dirigentes israelíes por presuntos crímenes contra la humanidad.
En un comunicado de prensa conjunto emitido tras el encuentro, se precisa que "Israel saluda el compromiso explícito del Gobierno británico de enmendar la ley de jurisdicción universal". Asimismo subraya que ambos países mantienen "lazos muy fuertes en temas estratégicos, especialmente el de Irán".
Inicios de las restricciones legales
En diciembre de 2009, después de que un tribunal de Londres emitiese una orden de arresto contra Livni, el anterior ministro británico de Exteriores, David Miliband, señaló que su Ejecutivo estudiaba con carácter "urgente" reformar el sistema legal de tal forma que destacadas figuras de Israel pudieran visitar Reino Unido.
Dos meses antes, el Parlamento español había aprobado una reforma para restringir la aplicación del principio de justicia universal a casos en los que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España.
La reforma fue aprobada meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputase al ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y a seis militares israelíes por un delito contra la humanidad por la muerte de catorce civiles, en su mayoría niños, en el asesinato selectivo de un líder de Hamás en 2002 en Gaza.
martes, 18 de mayo de 2010
Un grito unánime ante la Audiencia Nacional
Miles de manifestantes se congregaron este pasado viernes 14 de mayo ante la Audiencia Nacional tras la decisión del CGPJ de suspender al juez Baltasar Garzón.
Tal y como nos relata el magnífico blog de Luis Acebal 'Ruedas de Molino' en periodismohumano el grito unánime de la multitud fue alto y claro: ¡Qué vergüenza!
"Pocas veces se ven tantos carteles pequeños, casi cada persona con el suyo, una exclamación, una fotografía de una víctima perdida en la noche de la memoria, otra fotografía del propio Garzón con la boca tapada por una mancha negra."
miércoles, 20 de mayo de 2009
Proyecto de reforma de la jurisdicción universal
Texto oficial de la enmienda
PSOE y PP pactan limitar la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional. Ver
El Congreso limitará la jurisdicción universal a través de la reforma procesal - La Audiencia sólo podrá actuar si hay víctimas españolas o los presuntos responsables del delito se encuentran en nuestro país. Ver
El Congreso limita la jurisdicción universal. La Audiencia Nacional sólo investigará si el autor está en España o hay víctimas nacionales. (20/05/09)
“La resolución, presentada por el PP y enmendada por el PSOE, restringe la potestad de los tribunales españoles. Para que éstos investiguen un delito cometido fuera de España deberá quedar acreditado que los presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española”. Ver
PSOE y PP pactan limitar la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional. Ver
El Congreso limitará la jurisdicción universal a través de la reforma procesal - La Audiencia sólo podrá actuar si hay víctimas españolas o los presuntos responsables del delito se encuentran en nuestro país. Ver
El Congreso limita la jurisdicción universal. La Audiencia Nacional sólo investigará si el autor está en España o hay víctimas nacionales. (20/05/09)
“La resolución, presentada por el PP y enmendada por el PSOE, restringe la potestad de los tribunales españoles. Para que éstos investiguen un delito cometido fuera de España deberá quedar acreditado que los presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española”. Ver
domingo, 18 de mayo de 2008
Continúa la investigación de la Audiencia Nacional Española por el genocidio en Guatemala
El segundo grupo de testigos, entre víctimas, familiares y peritos prestarán declaración la última semana de mayo de 2008 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional en el que se sigue el proceso judicial por genocidio, terrorismo y torturas, contra altos mandos militares y civiles durante el período represivo contra la población civil en Guatemala en los años 80.
Estos testimonios continúan la labor de investigación judicial que se sustancia en un tribunal español por actos de genocidio en Guatemala, en virtud de la competencia universal que para estos delitos está prevista en nuestra legislación penal española, al tratarse de graves crímenes que afectan a la comunidad internacional. En los próximos meses está prevista la declaración de otros testigos procedentes de las distintas regiones de Guatemala. Entre las víctimas, en su mayoría indígenas mayas, se encuentran también religiosos, un representante diplomático español y personal de la Embajada de España.
En Guatemala, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal ha tomado asimismo declaraciones a más de 20 testigos y peritos por genocidio.
La última semana de mayo de 2008 comparecerá ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional el segundo grupo de testigos, entre víctimas, familiares y peritos, procedentes de Guatemala, para prestar declaración en el proceso judicial.
Estos testimonios continúan la labor de investigación judicial que se sustancia en un tribunal español por actos de genocidio en Guatemala, en virtud de la competencia universal que para estos delitos está prevista en nuestra legislación penal española, al tratarse de graves crímenes que afectan a la comunidad internacional. En los próximos meses está prevista la declaración de otros testigos procedentes de las distintas regiones de Guatemala. Entre las víctimas, en su mayoría indígenas mayas, se encuentran también religiosos, un representante diplomático español y personal de la Embajada de España.
En Guatemala, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal ha tomado asimismo declaraciones a más de 20 testigos y peritos por genocidio.
La última semana de mayo de 2008 comparecerá ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional el segundo grupo de testigos, entre víctimas, familiares y peritos, procedentes de Guatemala, para prestar declaración en el proceso judicial.
A dos años del operativo policial en San Salvador Atenco (México)
Han transcurrido dos años desde el operativo policial represivo en San Salvador Atenco (Méjico), que se saldó con la muerte por un proyectil del menor de edad Javier Cortés y con las detenciones de más de doscientas personas, entre ellas otros nueve menores de edad y casi cincuenta mujeres, quienes alegaron ser torturados durante el traslado a los centros de detención y algunas de las mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Más de dos mil efectivos, entre fuerzas de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia de Seguridad Estatal y de la policía municipal, fueron desplegados para reaccionar frente a la confrontación que estaba teniendo lugar entre vendedores ambulantes de Texcoco, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y las autoridades municipales.
Veintiséis mujeres acusaron a los policías de haberlas torturado y violado durante el traslado de cinco horas en las camionetas. Once de ellas sostuvieron su acusación y han presentado denuncias. Los cinco menores de edad que permanecieron recluidos y fueron atendidos en la enfermería del Tutelar de Menores durante más de veinte días desde su detención, alegaron ser observados y seguidos por automóviles sin placas estacionados afuera de sus domicilios, una vez puestos en libertad. El Juzgado de lo Penal del Distrito de Toluca les citó como testigos del Ministerio Público en la causa penal número 96/06.
En los procesos abiertos desde mayo de 2006 para la investigación de los actos de violencia contra las mujeres por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y por la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA), las diligencias practicadas y los resultados obtenidos no satisfacen las demandas presentadas por las víctimas, ya que solamente un policía ha sido consignado por un acto delictivo sexual mientras que los otros veinte agentes han sido acusados de abuso de autoridad, y otros seis policías están siendo investigados en estos momentos.
Para exigir el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la puesta en libertad de los manifestantes que aún permanecen detenidos, los pasados 29 y 30 abril se han manifestado en Ciudad de México las mujeres y los menores víctimas de los hechos, realizando actos de protesta frente a la Fiscalía Especial (FEVIMTRA), y entregando documentos de lo sucedido a UNICEF. Asimismo, las mujeres informaron que en ese momento estaba siendo entregada una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Varias mujeres extranjeras se encontraban en San Salvador Atenco durante el operativo policial: la alemana Samantha Dietmar, la chilena Valentina Palma y las españolas María Sostrés y Cristina Valls. Esta última, quién alegó haber sido víctima de violación, presentó en enero de este año una querella ante la Audiencia Nacional española en contra de los funcionarios supuestamente responsables de la violencia en Atenco.
Veintiséis mujeres acusaron a los policías de haberlas torturado y violado durante el traslado de cinco horas en las camionetas. Once de ellas sostuvieron su acusación y han presentado denuncias. Los cinco menores de edad que permanecieron recluidos y fueron atendidos en la enfermería del Tutelar de Menores durante más de veinte días desde su detención, alegaron ser observados y seguidos por automóviles sin placas estacionados afuera de sus domicilios, una vez puestos en libertad. El Juzgado de lo Penal del Distrito de Toluca les citó como testigos del Ministerio Público en la causa penal número 96/06.
En los procesos abiertos desde mayo de 2006 para la investigación de los actos de violencia contra las mujeres por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y por la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA), las diligencias practicadas y los resultados obtenidos no satisfacen las demandas presentadas por las víctimas, ya que solamente un policía ha sido consignado por un acto delictivo sexual mientras que los otros veinte agentes han sido acusados de abuso de autoridad, y otros seis policías están siendo investigados en estos momentos.
Para exigir el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la puesta en libertad de los manifestantes que aún permanecen detenidos, los pasados 29 y 30 abril se han manifestado en Ciudad de México las mujeres y los menores víctimas de los hechos, realizando actos de protesta frente a la Fiscalía Especial (FEVIMTRA), y entregando documentos de lo sucedido a UNICEF. Asimismo, las mujeres informaron que en ese momento estaba siendo entregada una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Varias mujeres extranjeras se encontraban en San Salvador Atenco durante el operativo policial: la alemana Samantha Dietmar, la chilena Valentina Palma y las españolas María Sostrés y Cristina Valls. Esta última, quién alegó haber sido víctima de violación, presentó en enero de este año una querella ante la Audiencia Nacional española en contra de los funcionarios supuestamente responsables de la violencia en Atenco.
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