En México, 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años ya sufrieron algún acto de violencia en su relación con su compañero o en los espacios comunitarios, de trabajo, familiar o escolar. La mayoría afirma que la violencia fue ejercida por el actual o por el último compañero. Los datos son parte del último informe divulgado por el Comité de América Latina y del caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem).
Titulado "México 2008: los desafíos en la erradicación de la violencia contra las mujeres, para garantizar el derecho de la no discriminación", el documento resalta que la violencia contra la mujer en el país es una violación grave de los derechos humanos de las mujeres, lo que pone en riesgo el disfrute de otros derechos interrelacionados como el derecho a la salud, a la no discriminación, a la vida, entre otros.
Según el informe, la violencia alcanza -en diez entidades federativas- niveles por encima de la media nacional: 78,5% en Jalisco; 78,2% en el Estado de México; 76,8% en el Distrito Federal; 71,3% en Colima; 70,6% en Aguascalientes; 70,1% en Durango; 69,8% en Puebla; 69,3% en Morelos; 68,5% en Sonora y 67,7% en Chihuahua.
"No obstante los avances en la legislación y políticas públicas mexicanas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres aún existen desafíos para garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres. En 2006 el Comité de la CEDAW recomendó al Estado mexicano la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, el 1º de febrero de 2007 el presidente Felipe Calderón promulga dicha Ley, sin embargo, persisten motivos de preocupación en la armonización e instrumentación de la misma", afirma.
Según el documento, el reglamento de la ley presenta inconsistencias para el efectivo cumplimiento de la norma: "Por ejemplo, no quedó clara la articulación que deben establecer la federación, los estados y municipios para la instrumentación de los modelos de prevención, atención y erradicación mencionados en él, para atender los distintos tipos de violencia establecidos en la Ley".
El Cladem resalta además que, de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, solamente 21 promulgaron su propia ley estatal de acceso: "Hay estados donde no se han aprobado las leyes estatales, como es el caso de Michoacán, en donde los representantes del Congreso local consideran que no es de carácter urgente emitirla; o en Guanajuato, donde públicamente han manifestado legisladores y Gobernador, su no disposición para promulgarla al considerar que la ‘unión familiar es fundamental aún a costa de la vida y seguridad de las mujeres’".
El informe cita además un análisis realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ese análisis constató que algunas leyes estatales omitieron hablar de la violencia feminicida. En otras, existen carencias significativas en las definiciones de conceptos básicos relacionales con la violencia, como es el caso del fustigamiento y del asedio sexual.
"Sin el cumplimiento de estas condiciones: la creación de leyes y políticas públicas federales, estatales y municipales reglamentadas, armonizadas y evaluadas; y de instituciones de administración y procuración de justicia que permitan un verdadero acceso de las mujeres a ésta, continuarán las mujeres mexicanas en un grave estado de indefensión y vulnerabilidad, propiciado por un Estado permisivo en la violación a sus derechos y en la reproducción de la impunidad", destaca.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
