Martes 4 de marzo de 2008, Miami, Florida: El Juez Federal Adalberto Jordan ha dictado hoy sentencia por daños y perjuicios contra Telmo Hurtado Hurtado condenándole a pagar a las demandantes Teófila Ochoa Lizarbe y Cirila Pulido Baldeón 37 millones de dólares por el brutal asesinato de sus familiares en la masacre que tuvo lugar en Accomarca el 14 de agosto de 1985.
La demanda fue interpuesta el pasado año por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA por sus siglas en inglés) en nombre de Teófila Ochoa Lizarbe y Cirila Pulido Baldeón ambas supervivientes de la masacre. El CJA (San Francisco, California) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España colaboran a menudo, siendo la acción conjunta más reciente la querella contra los asesinos de Ignacio Ellacuría y compañeros españoles y salvadoreños en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador.
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martes, 9 de marzo de 2010
jueves, 22 de octubre de 2009
Informe: Peru-Bagua. Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico. Urge abrir diálogo de buena fé
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y sus organizaciones miembro en el Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral (CEDAL), publican hoy su informe sobre los sucesos de Bagua del pasado mes de junio que se saldaron con la muerte de 33 personas más un desaparecido, y dejaron a unas 200 personas heridas.
El Informe hace un análisis detallado de los sucesos tomando en cuenta los puntos de vista y testimonios tanto de las autoridades peruanas como de las víctimas y de sus familiares, y de las organizaciones indígenas. También presenta las protestas que surgieron a raíz de la adopción por el gobierno peruano de una serie de Decretos Legislativos dirigidos a facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, más conocido como « TLC », y el escenario posterior a los enfrentamientos.
La FIDH denuncia que durante los hechos se violaron el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado u objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho a un debido proceso, a no ser detenido en forma arbitraria y a la libertad de expresión. Se destaca en particular la criminalización de los líderes indígenas que obstaculiza la posibilidad de un verdadero diálogo.
El Informe recomienda entre otras cosas la creación de una comisión investigadora totalmente independiente, y la necesidada de aportar modificaciones al marco legal para garantizar los plenos derechos de los pueblos indígenas
miércoles, 8 de abril de 2009
Sentencia condenatoria en Perú contra Alberto Fujimori
El ex dictador Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión como principal responsable de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, en los cuales 29 personas fueron asesinadas, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú, que llevó adelante un proceso ejemplar por su pulcritud e imparcialidad, consideró plenamente probados, "más allá de toda duda razonable", los cuatro cargos formulados por la acusación fiscal.
Ver texto de la sentencia
La condena al ex dictador sienta un precedente histórico frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde las más altas esferas del poder, que por lo general quedan impunes. Los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos saludaron la decisión del Tribunal Supremo de sancionar y condenar a Fujimori, quien delinquió en complicidad con Vladimiro Montesinos en estos y muchos otros casos de violación de derechos humanos y delitos de corrupción que esperan ser juzgados.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú resalta la integridad de los magistrados que integraron la Sala Penal Especial, quienes a lo largo del juicio demostraron imparcialidad, transparencia y objetividad, garantizando un justo y debido proceso, en el cual Fujimori gozó de la mayor amplitud y garantías para su defensa. Este proceso sienta un precedente histórico que reivindica al Poder Judicial peruano por la reserva moral que representan no pocos magistrados.
Abrigamos la esperanza de que esta sentencia histórica marque una línea en relación con los juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos en el Perú , que no deben quedar impunes, en aras de la verdad y la justicia a las cuales tienen derecho las víctimas, sus familiares y toda la ciudadanía.
Ver texto de la sentencia
La condena al ex dictador sienta un precedente histórico frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde las más altas esferas del poder, que por lo general quedan impunes. Los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos saludaron la decisión del Tribunal Supremo de sancionar y condenar a Fujimori, quien delinquió en complicidad con Vladimiro Montesinos en estos y muchos otros casos de violación de derechos humanos y delitos de corrupción que esperan ser juzgados.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú resalta la integridad de los magistrados que integraron la Sala Penal Especial, quienes a lo largo del juicio demostraron imparcialidad, transparencia y objetividad, garantizando un justo y debido proceso, en el cual Fujimori gozó de la mayor amplitud y garantías para su defensa. Este proceso sienta un precedente histórico que reivindica al Poder Judicial peruano por la reserva moral que representan no pocos magistrados.
Abrigamos la esperanza de que esta sentencia histórica marque una línea en relación con los juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos en el Perú , que no deben quedar impunes, en aras de la verdad y la justicia a las cuales tienen derecho las víctimas, sus familiares y toda la ciudadanía.
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