MÉXICO. Cladem: Leyes aún no son suficientes para combatir violencia contra la mujer

En México, 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años ya sufrieron algún acto de violencia en su relación con su compañero o en los espacios comunitarios, de trabajo, familiar o escolar. La mayoría afirma que la violencia fue ejercida por el actual o por el último compañero. Los datos son parte del último informe divulgado por el Comité de América Latina y del caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem).
Titulado "México 2008: los desafíos en la erradicación de la violencia contra las mujeres, para garantizar el derecho de la no discriminación", el documento resalta que la violencia contra la mujer en el país es una violación grave de los derechos humanos de las mujeres, lo que pone en riesgo el disfrute de otros derechos interrelacionados como el derecho a la salud, a la no discriminación, a la vida, entre otros.
Según el informe, la violencia alcanza -en diez entidades federativas- niveles por encima de la media nacional: 78,5% en Jalisco; 78,2% en el Estado de México; 76,8% en el Distrito Federal; 71,3% en Colima; 70,6% en Aguascalientes; 70,1% en Durango; 69,8% en Puebla; 69,3% en Morelos; 68,5% en Sonora y 67,7% en Chihuahua.
"No obstante los avances en la legislación y políticas públicas mexicanas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres aún existen desafíos para garantizar el derecho a la no discriminación de las mujeres. En 2006 el Comité de la CEDAW recomendó al Estado mexicano la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, el 1º de febrero de 2007 el presidente Felipe Calderón promulga dicha Ley, sin embargo, persisten motivos de preocupación en la armonización e instrumentación de la misma", afirma.
Según el documento, el reglamento de la ley presenta inconsistencias para el efectivo cumplimiento de la norma: "Por ejemplo, no quedó clara la articulación que deben establecer la federación, los estados y municipios para la instrumentación de los modelos de prevención, atención y erradicación mencionados en él, para atender los distintos tipos de violencia establecidos en la Ley".
El Cladem resalta además que, de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, solamente 21 promulgaron su propia ley estatal de acceso: "Hay estados donde no se han aprobado las leyes estatales, como es el caso de Michoacán, en donde los representantes del Congreso local consideran que no es de carácter urgente emitirla; o en Guanajuato, donde públicamente han manifestado legisladores y Gobernador, su no disposición para promulgarla al considerar que la ‘unión familiar es fundamental aún a costa de la vida y seguridad de las mujeres’".
El informe cita además un análisis realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ese análisis constató que algunas leyes estatales omitieron hablar de la violencia feminicida. En otras, existen carencias significativas en las definiciones de conceptos básicos relacionales con la violencia, como es el caso del fustigamiento y del asedio sexual.
"Sin el cumplimiento de estas condiciones: la creación de leyes y políticas públicas federales, estatales y municipales reglamentadas, armonizadas y evaluadas; y de instituciones de administración y procuración de justicia que permitan un verdadero acceso de las mujeres a ésta, continuarán las mujeres mexicanas en un grave estado de indefensión y vulnerabilidad, propiciado por un Estado permisivo en la violación a sus derechos y en la reproducción de la impunidad", destaca.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

Nuevo asesinato en Ciudad Juárez

Berenice García Corral, comandante del Grupo especial de delitos sexuales en la Procuraduría de Ciudad Juárez, Chihuahua (Méjico), ha sido asesinada a balazos el 5 de mayo cuando entraba en su casa. En el momento de su muerte estaba realizando una investigación sobre delitos sexuales que vinculaban a políticos locales y a policías, la llamada “Operación Chihuahua”. La procuradora del Estado ha declarado que la línea de investigación que se está siguiendo por su asesinato está relacionada con el trabajo que desempeñaba.

A dos años del operativo policial en San Salvador Atenco (México)

Han transcurrido dos años desde el operativo policial represivo en San Salvador Atenco (Méjico), que se saldó con la muerte por un proyectil del menor de edad Javier Cortés y con las detenciones de más de doscientas personas, entre ellas otros nueve menores de edad y casi cincuenta mujeres, quienes alegaron ser torturados durante el traslado a los centros de detención y algunas de las mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Más de dos mil efectivos, entre fuerzas de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia de Seguridad Estatal y de la policía municipal, fueron desplegados para reaccionar frente a la confrontación que estaba teniendo lugar entre vendedores ambulantes de Texcoco, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y las autoridades municipales.
Veintiséis mujeres acusaron a los policías de haberlas torturado y violado durante el traslado de cinco horas en las camionetas. Once de ellas sostuvieron su acusación y han presentado denuncias. Los cinco menores de edad que permanecieron recluidos y fueron atendidos en la enfermería del Tutelar de Menores durante más de veinte días desde su detención, alegaron ser observados y seguidos por automóviles sin placas estacionados afuera de sus domicilios, una vez puestos en libertad. El Juzgado de lo Penal del Distrito de Toluca les citó como testigos del Ministerio Público en la causa penal número 96/06.
En los procesos abiertos desde mayo de 2006 para la investigación de los actos de violencia contra las mujeres por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y por la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA), las diligencias practicadas y los resultados obtenidos no satisfacen las demandas presentadas por las víctimas, ya que solamente un policía ha sido consignado por un acto delictivo sexual mientras que los otros veinte agentes han sido acusados de abuso de autoridad, y otros seis policías están siendo investigados en estos momentos.
Para exigir el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la puesta en libertad de los manifestantes que aún permanecen detenidos, los pasados 29 y 30 abril se han manifestado en Ciudad de México las mujeres y los menores víctimas de los hechos, realizando actos de protesta frente a la Fiscalía Especial (FEVIMTRA), y entregando documentos de lo sucedido a UNICEF. Asimismo, las mujeres informaron que en ese momento estaba siendo entregada una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Varias mujeres extranjeras se encontraban en San Salvador Atenco durante el operativo policial: la alemana Samantha Dietmar, la chilena Valentina Palma y las españolas María Sostrés y Cristina Valls. Esta última, quién alegó haber sido víctima de violación, presentó en enero de este año una querella ante la Audiencia Nacional española en contra de los funcionarios supuestamente responsables de la violencia en Atenco.